En la mañana de ayer tuvo lugar en el Palacio de San Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos: · Decreto por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012–2020 · Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía · Decreto por el que se regula la Autorización Ambiental Integrada · Acuerdos por los que se autorizan ayudas a seis comunidades de regantes de Andalucía · Acuerdo por el que se autoriza la concesión de una subvención a la Fundación FIBIC para el proyecto del Centro de Innovación para el Bienestar Ciudadano, en el Parque Tecnológico de Andalucía · Nombramiento · Informe de la consejera de Agricultura y Pesca · Informe del consejero de Medio Ambiente |
Andalucía consolidará su autosuficiencia
en la gestión de los residuos peligrosos
La nueva planificación hasta 2020 prevé reducir la producción de desechos
y fija medidas de apoyo a los proyectos de modernización de las empresas
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos 2012–2020. El documento recoge la nueva estrategia de la Junta para consolidar la autosuficiencia de la comunidad autónoma en la gestión, reducción de la producción y adecuado tratamiento de las 235.000 toneladas de este tipo de desechos que anualmente se generan en Andalucía.
El nuevo plan, que sustituye al vigente desde 2004, consigna unas inversiones de 3,6 millones de euros para los próximos dos años y una previsión de 10,2 millones a partir de 2013 en función de la aprobación de los nuevos fondos europeos. Esta financiación se destinará principalmente a respaldar los proyectos de las empresas en la modernización de sus instalaciones y sistemas.
Entre otros objetivos, el plan pretende reducir la producción de residuos en origen a través de la generalización de las medidas que ya aplican las grandes industrias bajo el criterio de ecoeficiencia (producir más bienes con menos desechos). En la misma línea, se recogen propuestas para modificar las pautas de consumo, procesado y el diseño de los productos, así como incentivos y asesoramiento técnico a las empresas en materia de prevención, reciclado y uso de tecnologías limpias.
En este marco, la Junta apoyará prioritariamente las iniciativas dirigidas a la reutilización y al uso de materias primas secundarias que disminuyen el consumo de recursos naturales, con el fin de alcanzar en 2020 la valorización del 100% de los residuos que pueden ser aprovechados en los distintos procesos productivos (principalmente aceites y vehículos usados, envases de fitosanitarios y pilas y acumuladores).
Respecto a la gestión, el documento prevé reducir a la mitad el límite de 27.268 toneladas anuales fijado en el anterior plan para las entradas de residuos peligrosos procedentes de fuera de Andalucía con destino a su eliminación directa en depósitos de seguridad. La medida pretende garantizar la vida útil de estas instalaciones y consolidar la autosuficiencia de la comunidad autónoma en este ámbito, ya que actualmente el 90% de sus residuos peligrosos se trata en instalaciones de la región, mientras que el 10% se destina a otros territorios para su tratamiento final.
Asimismo, la Administración autonómica continuará la labor iniciada en 2004 para desarrollar sistemas integrales de gestión bajo el principio de responsabilidad ampliada del productor, como ya se venía haciendo con los plásticos agrícolas y los residuos eléctricos y electrónicos. De acuerdo con este modelo, los propios fabricantes, distribuidores y comerciantes son los que se hacen cargo de los residuos a través de agrupaciones autorizadas por la Junta que cubren el ciclo completo de recogida, transporte, almacenamiento, clasificación y tratamiento final (reutilización, reciclaje o eliminación controlada).
El plan aprobado por el Consejo de Gobierno se completa con medidas de agilización e informatización de trámites administrativos; fomento de acuerdos voluntarios con empresas; acciones formativas; programas de inspección y regularización de productores, y un estudio de los tipos, cantidades, fuentes y evolución futura de los residuos generados y de las tecnologías y métodos de gestión previstos.
Durante el periodo del anterior plan desarrollado desde 2004, las medidas de regularización han dado como resultado el alta de 14.935 centros productores de residuos peligrosos hasta llegar a los 30.404 actuales, distribuidos de forma homogénea en el territorio andaluz. Respecto a la valorización y eliminación de residuos, la comunidad autónoma cuenta ya con 446 gestores autorizados y 304 instalaciones de gestión.
La Junta aprueba el decreto que regula
la contaminación acústica en Andalucía
La nueva norma establece como instrumentos de gestión las áreas de sensibilidad acústica y las normas para los equipos de medida
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se regula la protección contra la contaminación acústica en Andalucía. En el nuevo Reglamento se adoptan los distintos índices, límites y objetivos de calidad fijados en la normativa básica estatal, así como los métodos y procedimientos de evaluación de la contaminación acústica. También se establecen los criterios para determinar las áreas de sensibilidad acústica, las normas relativas a los equipos de medida y los plazos para que los instrumentos de planificación territorial y urbanística incluyan esta zonificación.
El texto recoge que la Consejería de Medio Ambiente regulará, desde su ámbito competencial, las actividades que puedan ocasionar contaminación acústica. Además, apoyará en el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia a la Administración local que lo solicite, con el material, la instrumentación, el asesoramiento y el soporte económico necesario.
En cuanto al ámbito de aplicación del Reglamento, se excluyen los comportamientos vecinales, las actividades domésticas y de la vía pública que quedarán reguladas por las correspondientes Ordenanzas Municipales de competencia local. Asimismo, quedan también excluidos la instalación y regulación de veladores y terrazas, el “botellón” y la contaminación acústica que pueda darse dentro de la actividad laboral, por contar con su propia normativa específica.
La norma aprobada se aplicará a cualquier infraestructura, instalación, maquinaria o proyecto de construcción, as í como a las actividades de carácter público o privado que se realicen en Andalucía y puedan producir ruidos o vibraciones.
En cuanto a los instrumentos para la evaluación y gestión de la calidad acústica en Andalucía se establece, en primer lugar, las áreas de sensibilidad acústica, entendidas como aquellos ámbitos territoriales donde se pretenda que exista una calidad acústica homogénea. Dichas áreas serán determinadas por cada Ayuntamiento, teniendo en cuenta los usos predominantes del suelo, actuales o previstos.
El texto recoge siete tipos de áreas: aquellas que están en silencio; sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural; los espacios naturales. Levemente ruidosa, sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. Tolerablemente ruidosa, sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y espectáculos, así como suelo de uso turístico. Ruidosa, territorio de uso industrial y especialmente ruidosa, aquellas zonas afectadas por infraestructuras de transportes u otros equipamientos.
El siguiente instrumento para evaluar la contaminación acústica son los mapas de ruido y planes de acción, gracias a los primeros se determinarán las zonas acústicamente conflictivas y se realizarán predicciones globales de cada zona. Un año después de la aprobación de los mapas de ruido se elaborarán los planes de acción cuyo principal objetivo es recoger las actuaciones a realizar durante un periodo de cinco años en las diferentes áreas de sensibilidad acústica.
Las zonas acústicas especiales son otro instrumento para la evaluación y gestión, serán elaboradas por los Ayuntamientos. Por último, las zonas de servidumbre acústica son aquellas afectadas por el funcionamiento de las infraestructuras de transporte.
El Reglamento recoge también las normas de calidad acústica que regularán la calidad en el interior de las edificaciones, los valores límites de inmisión de ruido y vibraciones, los requisitos de aislamiento acústico y los equipos de medición de ruido.
En lo referente a las normas de prevención acústica, se establece como novedad la elaboración de estudios acústicos asociados a determinadas actividades o proyectos y a las infraestructuras de transporte. Para el control y la disciplina acústica el reglamento recoge las inspecciones medioambientales; la instalación de los limitadores-controladores acústicos; las certificaciones de cumplimiento de la normativa de calidad; la responsabilidad de las entidades competentes para la emisión de los estudios y las certificaciones; así como el régimen disciplinario en materia de contaminación acústica.
Este nuevo reglamento unifica el marco normativo andaluz, desarrollando la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA) e incorporando las novedades introducidas por los Reales Decretos en el campo de la contaminación acústica.
Por otro lado, la aplicación del Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, ha puesto de manifiesto la necesidad de modificar determinados aspectos de esta materia. Por ello, en la Disposición final primera de este Decreto se introducen determinadas modificaciones como la referida al artículo 18.3, en su nueva redacción, la obligación que en el mismo se contiene se exige únicamente a las instalaciones nuevas, lo que supondrá un ahorro económico considerable para los Ayuntamientos andaluces que, en caso contrario, se verían obligados a realizar importantes inversiones.
El Gobierno andaluz aprueba el decreto regulador
de la Autorización Ambiental Integrada
La certificación reúne en un solo trámite todos los procedimientos
de control de la contaminación que afectan a las empresas
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto regulador de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), que reúne en un solo trámite los diferentes permisos para empresas y centros productivos en materias como emisiones a la atmósfera, vertidos o residuos. El nuevo reglamento desarrolla lo previsto en la legislación autonómica de calidad ambiental para esta certificación, que en Andalucía se implantó definitivamente en 2007.
La AAI, creada por la Directiva europea de prevención y control de la contaminación, afecta a los proyectos con mayor impacto ambiental y se concede por la Administración autonómica fijando límites de contaminación que pueden ser más restrictivos que los establecidos en la legislación, ya que dependen de la mejor tecnología disponible en cada caso. Para actividades de menor entidad, la legislación establece el procedimiento simplificado de la Autorización Ambiental Unificada (AAU).
De acuerdo con la norma aprobada, la AAI tiene como principal objetivo evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación mediante el establecimiento de un sistema integrado de prevención y control.
La concesión del permiso, necesaria para la implantación y puesta en marcha de la actividad, conlleva la evaluación de las instalaciones y de las emisiones contaminantes y las repercusiones sobre la fauna y flora silvestres, los hábitats naturales y los procesos que sustentan su funcionamiento. Asimismo, se tienen en cuenta las mejoras técnicas que incorporan las empresas para evitar o minimizar el impacto ambiental. En el caso de presentar deficiencias en estos aspectos, deben aplicar medidas correctoras como paso previo a la obtención de la certificación, cuya vigencia máxima es de ocho años.
Las industrias que requieren de la AAI son, entre otras, las energéticas, mineras, químicas y petroquímicas, textiles, papeleras, agroalimentarias, del cuero y de producción y transformación de metales. Asimismo, se incluyen las explotaciones ganaderas, los vertidos de saneamiento de aguas residuales urbanas de competencia municipal y las instalaciones de tratamiento y gestión de residuos.
Por ámbitos de aplicación, la AAI integra autorizaciones ambientales de aguas (permisos en dominio público hidráulico, vertidos y reutilización de aguas); aire (emisiones a la atmósfera y de gases de efecto invernadero); espacios naturales protegidos (actividades en estos enclaves y proyectos en suelos no urbanizables); litoral (uso en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, vertidos en estas áreas y concesiones de ocupación); montes (usos y aprovechamientos de terrenos forestales, cambios de usos y ocupaciones y servidumbres) residuos (gestores y productores de residuos peligrosos, eliminación en vertederos y traslado de desechos fuera de Andalucía), y vías pecuarias (ocupación y usos complementarios y compatibles).
La Junta respalda con 24,4 millones la modernización
de 20.400 hectáreas de regadíos en cinco provincias
Los proyectos beneficiarán a más de 3.700 agricultores y permitirán
un ahorro de agua de 474,48 metros cúbicos por hectárea y año
El Consejo de Gobierno ha autorizado subvenciones por un importe total de 24,4 millones de euros a seis comunidades de regantes de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla. Estas ayudas cofinanciadas por la Unión Europea y la Administración autonómica respaldarán proyectos de modernización en 20.414,58 hectáreas que, en su conjunto, permitirán ahorrar una media de 474,48 metros cúbicos de agua por hectárea y año.
Las obras, presupuestadas en 31,25 millones de euros, beneficiarán a 3.723 agricultores de las comunidades de El Villar, en el municipio cordobés de Fuente Palmera y en el sevillano de Écija; Láchar del Canal de Cacín, en Cijuela, Láchar y Pinos Puente (Granada); El Chanza y El Piedras, en Aljaraque, Cartaya, Gibraleón y Punta Umbría (Huelva); Sur-Andévalo, en Cartaya, Gibraleón, San Bartolomé de la Torre y Villanueva de los Castillejos (Huelva); Caño Molino, Sierra de Basales y Alargue, en Bedmar y Garcíez (Jaén), y Relámpago, Armíndez, Minilla, en Torreperogil (Jaén).
Los proyectos incluyen, entre otros trabajos, la sustitución de conducciones en mal estado; la dotación de nuevos colectores, válvulas y filtros; la construcción de instalaciones eléctricas, balsas de almacenamiento y estaciones de bombeo, y la implantación de sistemas de telecontrol y racionalización de la red de riego.
Las ayudas aprobadas hoy por el Gobierno andaluz se suman a los 243,4 millones de euros destinados entre 2008 y 2011 por la Consejería de Agricultura y Pesca para la modernización de 150.364 hectáreas de regadío en la comunidad autónoma, con un ahorro medio propiciado de 1.235 metros cúbicos por hectárea y año. Anteriormente, entre 1995 y 2008, la Junta ya respaldó inversiones de 1.381 millones de euros para la realización de obras en 352.118 hectáreas. Todos estos proyectos han permitido, entre otras mejoras, sustituir casi la mitad de todo el riego en superficie de la región por sistemas de aspersión y localizados, más eficientes en el uso del agua. Como consecuencia, los regantes andaluces utilizan ahora un 25% menos de agua que hace diez años y, con los mismos recursos hídricos de entonces, pueden atender un 36% más de superficie.
Respecto a las previsiones para los próximos años, la Junta impulsará la modernización de 396.456 hectáreas de regadíos hasta 2015 para conseguir, entre otros objetivos, un ahorro de agua de 889 metros cúbicos por hectárea al año y un incremento medio del 6,5% (160 millones de euros) en la producción agraria total de estas zonas. Así se recoge en la Agenda del Regadío Andaluz, que movilizará una inversión total de 1.509,9 millones de euros en el horizonte del año 2015.
El regadío andaluz supera los 1,1 millones de hectáreas, lo que supone el 32,3% de la superficie cultivada en la comunidad. Sus cultivos representan un valor de 6.695 millones de euros (el 64,2% de la producción final agraria) y proporcionan trabajo a más de 192.000 personas (63,3% de todo el empleo agrario).
La mayor parte de la superficie corresponde al olivar, con 470.576 hectáreas. Le siguen los regadíos del Medio y Alto Guadalquivir (192.844); Bajo Guadalquivir, Guadalete y Barbate (166.482); depresiones interiores (91.787); intensivos de Almería (54.291); intensivos del litoral atlántico (51.532); cítricos y subtropicales mediterráneos (47.482) y regadíos de sierra (31.407).
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Se adjunta anexo
ANEXO
Datos básicos de los proyectos de modernización de regadíos
Comunidad de Regantes (CR) El Villar
Municipios: Fuente Palmera (Córdoba) y Écija (Sevilla)
Cultivos: Algodón, girasol, cereales, maíz, frutales hueso, cítricos, olivar y hortalizas
Agricultores beneficiados: 502
Superficie modernizada: 2.726 has.
Ahorro de agua: 250 m3/ha.
Subvención: 4,63 M€
Inversión total: 5,90 M€
CR Lanchar del Canal de Cacín
Municipios: Láchar, Cijuela y Pinos Puente (Granada)
Cultivos: Cereal, leguminosas, forrajeros, hortícolas, olivar y frutal
Agricultores beneficiados: 320
Superficie modernizada: 1.121 has.
Ahorro de agua: 2.074 m3/ha.
Subvención: 3,01 M€
Inversión total: 3,86 M€
CR El Chanza y Piedras
Municipios: Aljaraque, Gibraleón, Cartaya y Punta Umbría (Huelva)
Cultivos: Frutales, cítricos, fresas y frambuesas
Agricultores beneficiados: 1.246
Superficie modernizada: 4.935 has.
Ahorro de agua: 788 m3/ha.
Subvención: 3,50 M€
Inversión total: 4,50 M€
CR Sur-Andévalo
Municipios: Gibraleón, Cartaya, San Bartolomé de la Torre y Villanueva de los Castillejos (Huelva)
Cultivos: Cítricos, fresas, frutales hueso, olivos y otros
Agricultores beneficiados: 642
Superficie modernizada: 9.385,29 has.
Ahorro de agua: 259,73 m3/ha.
Subvención: 3,07 M€
Inversión total: 3,93 M€
CR El Caño Molino, Sierra de Basales y Alargue
Municipios: Bedmar y Garcíez (Jaén)
Cultivos: Olivar
Agricultores beneficiados: 715
Superficie modernizada: 946,49 has.
Ahorro de agua: 167,18 m3/ha.
Subvención: 3,83 M€
Inversión total: 4,93 M€
CR Relámpago, Armíndez, Minilla
Municipios: Torreperogil (Jaén)
Cultivos: Olivar
Agricultores beneficiados: 298
Superficie modernizada: 1.300,40 has.
Ahorro de agua: 150 m3/ha.
Subvención: 6,32 M€
Inversión total: 8,07 M€
La Junta destina 15,5 millones de euros al proyecto
del Centro de Innovación para el Bienestar Ciudadano
Las instalaciones de CIBIC, en el PTA de Málaga, desarrollarán
investigaciones en nuevas tecnologías aplicadas a la vida cotidiana
El Consejo de Gobierno ha autorizado una ayuda de 15,51 millones de euros a la fundación promotora del Centro de Innovación para el Bienestar Ciudadano (CIBIC), que se ubicará en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga y desarrollará investigaciones en nuevas tecnologías aplicadas a la vida cotidiana y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
La entidad beneficiaria del incentivo es la Fundación Instituto de Innovación para el Bienestar Ciudadano (FIBIC), integrada por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia; la Universidad Internacional de Andalucía, y la Fundación Vodafone España.
El nuevo centro, cuya construcción supone una inversión total de 16,9 millones de euros, estará finalizado en la segunda mitad de este año y ofrecerá a las empresas y entidades de I+D+i 30.000 metros cuadrados de espacios de alta cualificación tecnológica, distribuidos entre laboratorios, oficinas y zonas de servicios.
La actividad de CIBIC se centrará en la investigación y el desarrollo de dispositivos y servicios tecnológicos de aplicación en los entornos doméstico y laboral para finalidades como la autonomía personal, la vivienda inteligente, el uso de la robótica y la domótica o la extensión de sistemas de teletrabajo y de ayuda a la diversificación ocupacional.
CIBIC trabajará también en la búsqueda de soluciones a problemas emergentes derivados del desarrollo tecnológico, entre ellos la cyber-delincuencia. Asimismo, en su calidad de centro de innovación abierta, impulsará la cooperación empresarial y la realización de proyectos de demostración y divulgación en el ámbito de la tecnología aplicada al bienestar ciudadano.
El Consejo nombra a Adelaida de la Calle rectora
de la Universidad de Málaga tras su reelección
El Consejo de Gobierno ha nombrado a Adelaida de la Calle Martín rectora de la Universidad de Málaga, tras su reelección el pasado 1 de diciembre. Adelaida de la Calle (Madrid, 1948) es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense y doctora en esta misma disciplina por la Universidad de La Laguna (Tenerife). Profesora de la Universidad de Málaga desde 1975, ha desempeñado diversos cargos directivos en esta institución, entre ellos el de vicerrectora de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Desde enero de 2003 ejerce como rectora.
Andalucía es referente europeo de control biológico
de plagas gracias al desarrollo en investigación
El liderato andaluz se mantiene en producción ecológica
con 880.000 hectáreas, 2.887 explotaciones y 800 industrias
Andalucía lidera a nivel europeo la lucha biológica contra las plagas en los cultivos hortícolas de invernadero. La incorporación de esta técnica a la agricultura autonómica ha contado con un incentivo por parte del Gobierno regional de 25,7 millones de euros. La conocida como ‘Revolución Verde’ ha contribuido a que en la actualidad existan 20.000 hectáreas de cultivos con control biológico en la comunidad autónoma, frente a las 250 de 2005. El respaldo autonómico a la I+D+i se consolida a través del programa Sectorial 2009-2013 del Instituto de Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) que, con un presupuesto cercano a los 170 millones de euros, pretende promover un modelo productivo sostenible, basado en la innovación y la aplicación del conocimiento.
Así se destaca en el informe sobre políticas agrarias y pesqueras presentado hoy ante el Consejo de Gobierno por la consejera del ramo, Clara Aguilera. El apoyo de la Administración regional ha permitido, además, que Andalucía sea líder nacional en superficie de producción integrada respetuosa con el medio ambiente, con más de 400.000 hectáreas, lo que supone el 63% del país. La evolución de este sistema productivo se ha multiplicado por cinco en los últimos 8 años, al pasar de las 81.000 hectáreas de 2003 hasta las 400.000 actuales.
El liderato andaluz también se mantiene en producción ecológica, con 880.000 hectáreas, 2.887 explotaciones ganaderas, 800 industrias y 20.000 puestos de trabajo. El II Plan de Agricultura Ecológica 2007-2013, dotado con 325,9 millones de euros, ha beneficiado ya a 9.278 productores y permitido la innovación de 81 empresas.
Por otro lado, la modernización y transformación de las estructuras del sector agroindustrial han contado con una ayuda pública de 202 millones en los últimos cuatro años, lo que ha facilitado la puesta en marcha de 850 proyectos de competitividad. En este ámbito destaca el Plan Estratégico de la Agroindustria Andaluza Horizonte 2013, que ha permitido la integración y fusión empresarial de 125 entidades.
Además, el Gobierno andaluz ha mejorado la liquidez y las fórmulas de financiación del sector agroalimentario con medidas como el Fondo de Apoyo a las Pymes Agroalimentarias que, dotado con 120 millones de euros, ha prestado apoyo desde 2009 a 45 iniciativas empresariales.
La calidad y la seguridad alimentaria de los sectores agrícola, ganadero y pesquero andaluces ha evolucionado en los últimos años gracias al trabajo de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria, puesta en marcha en 1996 con el objetivo de vigilar el estadio fitosanitario de los principales cultivos de la región. La RAIF cuenta con 180 estaciones meteorológicas y un equipo de técnicos especializados que valoran las necesidades de riego y las condiciones climáticas para plagas y enfermedades agrícolas.
Asimismo, el Plan Andaluz de Vigilancia Epidemiológica realiza cada año 30.000 controles y analiza 10 millones de muestras para garantizar la sanidad y bienestar ganadero. Esta labor se completa con la Red de 19 Laboratorios y Programas de Control de alimentos, producciones ganaderas, cultivos y pesquerías que certifican la máxima garantía de seguridad y calidad. En esta misma línea, la Junta ha concedido en esta legislatura 32,7 millones de euros a las 81 Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, que trabajan en la articulación del sector y en la aplicación de los programas de protección y lucha contra las enfermedades.
Estas políticas han permitido que Andalucía consolide su liderazgo en el sector agroalimentario. La renta agraria de la comunidad, que en 2010 se estima que fue de 7.951 millones de euros, supone el 33% de la nacional. Además, el sector agroalimentario y pesquero supone el 8% del PIB, el 10% del empleo con más de 280.000 puestos de trabajo, y el 32% de las exportaciones de la región.
Modernización del sector
La modernización de explotaciones e infraestructuras agrarias y pesqueras es una de las prioridades del Gobierno andaluz de la que se han beneficiado 2.604 explotaciones desde 2008. Junto a ellas destacan otros 36 invernaderos de excelencia que están mejorando sus condiciones de producción y de eficiencia energética.
La Administración autonómica también contribuye a la mejora de la competencia agraria con actuaciones en la red de caminos rurales por importe de 137,4 millones de euros entre 2007 y 2010. La puesta en marcha del Plan Encamina2 en 2011, un paso más en este sentido, permitirá la intervención en 5.000 kilómetros de vías rurales de 711 municipios con una inversión de 118 millones de euros hasta este ejercicio.
En lo referente al regadío, Andalucía es la única comunidad que ha elaborado una planificación estratégica para su modernización. Durante esta legislatura se han invertido 243,4 millones de euros para modernizar 150.364 hectáreas, lo que ha permitido un ahorro de 1.235 metros cúbicos de agua por hectárea. La Agenda Andaluza del Regadío Horizonte 2015 prevé llegar a las 396.456 hectáreas.
La Consejería de Agricultura y Pesca apoya a los 52 Grupos de Desarrollo Rural para contribuir a la diversificación socioeconómica de las zonas rurales gracias al Programa LiderA, que ha facilitado el desarrollo de 3.322 proyectos de emprendedores con incentivos por valor de 141 millones de euros y la creación o consolidación de 10.620 empleos. Además, el Programa ‘Andalucía Viva’, puesto en marcha el pasado año, contempla una inversión de 289,7 millones de euros hasta 2016 para favorecer la cohesión territorial de once zonas rurales con 532 actuaciones dirigidas a la mejora de infraestructuras y equipamientos básicos, servicios sociales y al fomento del empleo.
Durante esta legislatura, también se ha logrado incrementar la participación de la mujer en los órganos de decisión del sector con medidas como el registro de titularidad compartida en explotaciones, la Red de Mujeres Rurales y Urbanas y la Red de Mujeres del Sector Pesquero. El 38% de los proyectos rurales en Andalucía están promovidos por mujeres y éstas ocupan el 45% de los empleos generados y el 58% en la industria de transformación pesquera.
Para la dinamización y diversificación de las zonas costeras del litoral andaluz, los siete Grupos de Desarrollo Pesquero han contado desde 2009 con ayudas autonómicas por valor de 24 millones de euros. En esta legislatura, el Gobierno andaluz también ha apoyado medio centenar de proyectos de adecuación del equipamiento de los puertos pesqueros, con una inversión pública de 31,9 millones de euros, y ha contribuido a la adquisición o mejora de los buques de pesca de 485 armadores.
La Junta invierte 6.393 millones en depuración de aguas residuales, mejora forestal y gestión de residuos
El Gobierno andaluz pondrá en marcha antes de final de marzo
el nuevo Plan de Medio Ambiente, Horizonte 2017
La Junta de Andalucía desarrolla actualmente planes con unas inversiones totales de 6.393 millones de euros en depuración de aguas residuales, mejora forestal y gestión de residuos. El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha destacado estas tres iniciativas en un informe presentado ante el Consejo de Gobierno sobre las políticas de su departamento durante esta legislatura.
Asimismo, Díaz Trillo ha anunciado la próxima aprobación, antes de que finalice el mes de marzo, del nuevo Plan Andaluz de Medio Ambiente, Horizonte 2017, que sentará las bases para consolidar la el patrimonio natural y la calidad ambiental como motores del desarrollo socioeconómico y de la creación de puestos de trabajo en la comunidad autónoma. En este sentido, el titular de Medio ambiente ha resaltado que Andalucía acapara ya el 18% del empleo verde existente en España y cuenta con capacidad para duplicar en la próxima década el número de personas ocupadas en el sector medioambiental, hasta superar las 200.000.
Respecto a los tres principales planes que se destacan en el informe, el de saneamiento y depuración de aguas residuales supone una inversión de 1.765 millones de euros hasta 2015 y un empleo asociado de 28.400 puestos de trabajo; la tercera adecuación del Plan Forestal Andaluz, 2.444 millones y 19,5 millones de jornales hasta 2015, y el de Gestión de Residuos no Peligrosos 2.184 millones 8.571 empleos hasta 2019.
Junto con estos planes, la Administración autonómica ha invertido en los últimos tres años en torno a 150 millones de euros en incentivos a proyectos relacionados con espacios naturales protegidos, prevención de incendios, la conservación de la biodiversidad, gestión sostenible de los montes, calidad y protección ambiental de las empresas, educación, voluntariado ambiental y lucha contra el cambio climático. Para el año 2012 la Consejería de Medio Ambiente tiene prevista la concesión de ayudas por valor de 105 millones de euros que irán orientados a aumentar la competitividad del sector forestal, la mejora del medio ambiente y del entorno rural, así como a mejorar los aprovechamientos productivos y actividades empresariales vinculadas a los Espacios Naturales Protegidos.
La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) es la mayor de Europa y España, así como la que más aporta a la superficie protegida nacional (18,4%). Una red creciente y dinámica integrada por 244 espacios, incluyendo Red Natura 2000, con 2,8 millones de hectáreas (30,5% de la superficie de Andalucía). En esta VIII Legislatura se ha aprobado el Decreto por el que se establece el régimen general de planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban medidas de agilización de procedimientos administrativos.
Desarrollo sostenible
En estos territorios se ha prestado especial atención a los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS), cuya ejecución ha supuesto, desde su inicio y hasta el momento, una inversión de más de 3.000 millones de euros. Actualmente hay en ejecución 13 PDS, entre ellos el II Plan de Doñana, y 11 planes más están en elaboración. De estos, el del Parque Natural del Estrecho es el primer PDS que se elabora en su ámbito, y los 10 restantes serán los segundos planes de estas características para los parques naturales de Sierra de las Nieves (Málaga), Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva), Sierra Norte de Sevilla, La Breña y Marismas del Barbate (Cádiz), Cabo de Gata-Níjar (Almería), Los Alcornocales (Cádiz y Málaga), Sierra Mágina (Jaén), Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén), Sierras Subbéticas (Córdoba) y el Espacio Natural de Sierra Nevada (Granada y Almería).
Mención aparte merecen los Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada, que en esta legislatura, tras el traspaso de medios realizado por el Gobierno central en la anterior etapa, se han dotado de sus propios instrumentos de planificación, ordenación de usos y de gestión de manera integrada con sus respectivos parques naturales. También se han aprobado sus PDS, el primero en el caso de Sierra Nevada y el segundo en el de Doñana. Asimismo, para el conjunto del Espacio Natural, en ambos casos se han convocado y tramitado las subvenciones en sus Áreas de Influencia Socioeconómica correspondientes a los años 2008, 2009, 2010 y 2011, que en global han supuesto casi 8,6 millones de euros.
Durante esta legislatura, la Comunidad Autónoma ha asumido las competencias en cuanto a la gestión del litoral. En este ámbito se ha elaborado una Guía de Tramitación de concesiones y autorizaciones en el Dominio Público Marítimo Terrestre, y se ha iniciado la renovación de los equipos de las redes de control de la calidad de las aguas litorales. En esta línea destaca que el primer verano tras asumir las competencias se consiguió resolver las concesiones y autorizaciones de temporada en el marco de los planes de playa. Desde que se hiciera efectiva la transferencia se han resuelto 344 expedientes de ocupación; 16 planes de playa y 139 expedientes sin ocupación. Por otro lado, se han recibido un total de 531 solicitudes de concesiones, lo que significa un incremento de un 87,6% sobre el periodo anterior.
En cuanto a la gestión sostenible del medio marino, se han aprobado los planes de autoprotección del litoral frente a contaminaciones por hidrocarburos de Doñana, Litoral occidental onubense, frente litoral Algeciras-Tarifa y el de Cabo de Gata-Níjar.
Medio natural
En el capítulo de gestión del medio natural, se han aprobado los 10 primeros Planes de Recuperación y Conservación de Especies Amenazadas, que engloban un total de 146 especies de flora y fauna diferentes. También se ha culminado la elaboración de las Estrategias Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad y de la Geodiversidad.
Estos programas se han desarrollado en gran parte a través de la formalización de más de 250 convenios de colaboración con propietarios particulares de montes. En estos años se ha producido la primera cría en libertad del ibis eremita en dos localizaciones distintas; se ha pasado de una población total estimada de 213 linces a 298; o de 54 parejas nidificantes de águila imperial en 2008 a 71 en 2011. En total se han invertido unos 200 millones de euros en esta legislatura en programas de mejora de hábitat y recuperación de poblaciones de flora y fauna amenazada.
Por otra parte, el dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales constituye el mayor programa de conservación y defensa del monte mediterráneo andaluz. Gracias a él se ha conseguido reducir en un 69% la media de superficie afectada con respecto a la última década. La inversión a lo largo de estos cuatro años ha rondado los 739 millones de euros, y en su ejecución participan unos 4.500 trabajadores.
La legislatura se inició con una gran Pacto por el Agua que sentaría las bases para una política del agua propia y culminó con la aprobación de la Ley de Aguas para Andalucía el 30 de julio de 2010. Esta ley recoge desde la normativa propia de la administración del agua hasta la planificación, el régimen de obras hidráulicas, la normativa del ciclo urbano del agua, las aguas subterráneas, las comunidades de usuarios, el régimen de prevención de inundaciones y sequías, el régimen disciplinario y el régimen económico-financiero. Una ley que crea alrededor de 76.000 puestos de trabajo generados a partir de los distintos planes de depuración, limpieza de cauces y obras generales.
Durante esta legislatura se han invertido durante esta legislatura 947,78 millones de euros en la mejora del ciclo integral del agua urbana, de los que 426 millones corresponden a infraestructuras de saneamiento y depuración y 521,78 al abastecimiento en distintos puntos del territorio. Además, se han destinado 62,5 millones para la mejora de presas y 320,14 para la defensa de avenidas e inundaciones en cauces urbanos.
El 1 de enero de 2009 culminó el traspaso de la gestión de las aguas de la cuenca del Guadalquivir. Tras la reversión al Estado de las competencias sobre esta Cuenca, Andalucía persigue a través de la reciente aprobación de una proposición de Ley orgánica, que el Estado delegue el ejercicio de las competencias del Guadalquivir, tal y como habilita el artículo 150.2 de la Constitución.
Durante los dos años y diez meses de gestión del Guadalquivir andaluz se ha invertido en la gestión directa de la cuenca un total de 121 millones de euros, si se suma las inversiones realizadas en su área de influencia se alcanzan los 235 millones de euros. Con la gestión del Guadalquivir se han creado nuevos sectores productivos: 8 complejos termosolares que han creado 540 empleos fijos para su operación y mantenimiento y 6 centrales termosolares con 200 empleos fijos asociados.
Cambio climático
Con la aprobación en 2007 del Plan de Acción por el Clima 2007-2012 (PAAC) Andalucía se puso a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático. Este Plan recoge tres programas: Mitigación, Adaptación y Comunicación. El programa de Mitigación (2008-2012) tiene el objetivo de reducir en 2012 un 19% la emisión de gases de efecto invernadero en Andalucía, objetivo alcanzado ya en 2010, dos años antes de que finalice su vigencia. En esta línea, Andalucía se encuentra en condiciones de alcanzar la reducción del 30% en el año 2020.
En estos años se ha aprobado el Programa de Adaptación al Cambio Climático, en desarrollo de la Estrategia Andaluza de Lucha ante el Cambio Climático ya aprobada por el Gobierno andaluz en 2002, y cuyo objetivo es minimizar la vulnerabilidad del territorio andaluz ante los efectos negativos del cambio climático. Mediante este programa se ha creado la red de Observatorios de Cambio Global de Andalucía, integrada por los observatorios de Sierra Nevada, Doñana, Zonas Áridas y El Estrecho.
Asimismo, con el Programa de Comunicación que va a aprobarse antes del fin de la presente legislatura, Andalucía se convertirá en la primera comunidad autónoma que complete una estrategia de lucha ante el cambio climático.
En mayo de 2011 se aprobó la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana (EASU) que establece las bases para un cambio radical en las ciudades y pueblos andaluces y convertirlos en Ciudades Verdes. Para mejorar la calidad de vida en las ciudades destacan las ayudas otorgadas en el marco del programa Ciudad Sostenible, antes Ciudad 21, al que hasta la fecha se han adherido 292 ayuntamientos y cuya inversión asciende a 25,5 millones de euros.
El Pacto de los Gobiernos Locales es una iniciativa europea impulsada en Andalucía por la Consejería de Medio Ambiente por la que los ayuntamientos se comprometen a reducir sus emisiones de CO2 en un 20% en 2020. En la actualidad son 518 los municipios adheridos y contarán con una inversión de más de 3.700 millones de euros.
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