SE FACILITARÁ EL ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PISCINA MUNICIPAL

SE FACILITARÁ EL ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA PISCINA MUNICIPAL


La Obra Social de La Caixa colabora con el Ayuntamiento financiando la compra e instalación de un ascensor acuático para estos usuarios, que podrán utilizarlo el próximo verano

El Alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, y el director de Área de Negocio en Cádiz Sierra de CaixaBank, Javier Gómez, han firmado hoy un acuerdo gracias al cual la Obra Social de la entidad se compromete a financiar la compra e instalación de un ascensor acuático en la Piscina Municipal.
“Hemos conseguido un avance más eliminando barreras para las personas con discapacidad”, resaltaba el regidor arcense. En concreto, se trata de un elevador hidráulico portátil que facilitará que los usuarios con movilidad reducida puedan tener acceso a la Piscina Municipal. “Es una obligación de las administraciones dar las máximas facilidades a este sector de la población, para que no estén privados del disfrute de nuestras instalaciones”, señalaba Gambín.
La instalación de este elevador hidráulico surge a demanda de la Delegación de Deportes, consciente junto a Servicios Sociales de la necesidad de dicho equipamiento. Tiene un importe de 3.600 euros, que financia en su totalidad Caixabank, cuyo representante, Javier Gómez, mostraba su satisfacción por participar en la iniciativa.


EL AYUNTAMIENTO RECIBE 27.800 EUROS PARA AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER URGENTE




El importe lo otorga la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera participa en el Programa de Ayudas de Suministros Vitales y Prestaciones de Urgencia Social, con una subvención otorgada de 27.800 euros, según Orden de 24 de abril de 2.106, por la que se hace pública la relación de Ayuntamientos participantes. Estas ayudas están incluidas dentro de las medidas extraordinarias y urgentes para la  Inclusión Social  en Andalucía que  la Consejería de Igualdad,  Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, puso en marcha en colaboración con el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, según prórroga del Decreto-Ley 8/2014 de 10 de junio.
Las ayudas van destinadas a sufragar gastos de suministros vitales y otras prestaciones de urgencia social.
Se consideran gastos de suministros vitales los siguientes:
  • Gastos de energía eléctrica.
  • Gastos derivados del suministro de agua, alcantarillado y basura.
 Se consideran gastos a cubrir mediante prestaciones de urgencia social los siguientes: gastos de alquiler, siempre que su impago redunde en un desalojo; alojamiento en situaciones de necesidad en albergues o establecimientos de hostelería; y gasto de reparaciones urgentes y básicas de las viviendas.
Se ha realizado una primera entrega que asciende a 11.053,84 €, repartida de la siguiente manera:
Dentro de los suministros vitales:
  • 4 ayudas para suministros de Energía Eléctrica

Respecto de las prestaciones de urgencia social:
  • 4 ayudas para reparación básica de la vivienda
  • 8 ayudas para gastos de alquiler

Los beneficiarios/as han sido seleccionadas por los Técnicos de Servicios Sociales.
Los requisitos que cumplen  son:
  • Estar empadronados en Arcos de la Frontera como mínimo desde hace 6 meses. (Excepcionalmente, no se tendrá en cuenta este requisito si así lo acuerdan los Servicios Sociales Comunitarios, cuando se trate de transeúntes, inmigrantes, emigrantes retornados u otros).
  • No disponer de recursos económicos para afrontar los gastos de la ayuda solicitada. 
  • Que ningún   miembro de la  unidad familiar ha percibido otras prestaciones para la misma finalidad de cualquier Administración Pública o entidad Privada.
  • Que no es propietario/a o usufructuario/a de bienes inmuebles de naturaleza urbana o rústica, excepto de la vivienda para la que he solicitado la ayuda.

Además, la persona beneficiaria de estas ayudas se compromete a través de un Acuerdo Técnico a lo siguiente:
1.- Cumplir el acuerdo que ha firmado.
2.- Aplicar la ayuda a la finalidad para la que se le ha otorgado.
3.- Comunicar a los Servicios Sociales Comunitarios cualquier variación de sus circunstancias personales, familiares o económicas.
4.- Comparecer y colaborar con los Servicios Sociales cuando sea requerido.
5.- Justificar la ayuda asignada a través de facturas o cualquier otro documento que se estime oportuno por los Servicios Sociales Comunitarios.
6.- Reintegrar aquellas cantidades indebidamente percibidas o no aplicadas al fin que motivo su concesión.
Tanto el Alcalde, Isidoro Gambín, como el delegado del área, Diego Carrera, han mostrado su satisfacción por el trabajo realizado desde los Servicios Sociales, “para que las familias de Arcos no se vean afectadas por la falta de luz y agua u otras situaciones graves”.


Ante el anuncio de la Empresa José Manuel Pascual S.A. de que no puede abonar la nómina a sus trabajadores por falta de pago de la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud desea aclarar lo siguiente:


-     La situación de insolvencia económica planteada por la empresa a los trabajadores es el resultado final de una situación planteada por ella misma, que obedece a una estrategia de desgaste y presión mantenida en el tiempo como consecuencia del rechazo a las distintas ofertas realizadas por la Administración. En ese sentido, cabe recordar que esta empresa no se ha presentado a ninguno de los dos procesos públicos de licitación celebrados recientemente; ni al procedimiento negociado sin publicidad (con mejoras importantes con respecto al anterior contrato) para los hospitales en los municipios gaditanos donde no existe competencia; ni al concurso abierto para contratar servicios en las provincias de Cádiz capital, Huelva y Málaga, donde sí han concurrido otros hospitales homologados.
-     Esta actitud beligerante contrasta con la oferta de diálogo permanente por parte de la Junta y que ayer expresó el vicepresidente de la Administración autonómica y que hoy ha vuelto a reiterar el consejero de Salud.
-      La no solvencia económica anunciada por la empresa frente a los trabajadores, oculta intereses ajenos a la voluntad de esta Administración, que siempre ha optado por un diálogo abierto con el comité de empresa, comunicándole las diferentes fases de este proceso en múltiples ocasiones.
-     El volumen económico de los servicios concertados tanto cuando la empresa no reconocía la prórroga del concierto, como con la nueva situación planteada por la ausencia del mismo, ha motivado actuaciones por parte de esta Administración encaminadas a garantizar el derecho de los ciudadanos a la asistencia hospitalaria y a las retribuciones de los trabajadores. Así, en primer lugar se realizaron consignaciones económicas en los juzgados por los importes correspondientes al concierto vigente durante la prórroga. Y además, recientemente, el SAS también ha iniciado un expediente administrativo con el fin de abonar los servicios prestados por la empresa Pascual entre el 1 de noviembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016 en las mismas condiciones que el concurso anterior, hasta que se resuelva la discrepancia con la facturación que dicha empresa realiza.

-     La responsabilidad del Gobierno andaluz es garantizar el derecho a la atención sanitaria y respetar siempre la legalidad en los conciertos de la administración pública, por lo que seguirá intentando llegar a un acuerdo que respete las condiciones legales vigentes, al mismo tiempo que se seguirán buscando alternativas si no se llega al mismo.